A una semana de la muerte de Luz Raquel Padilla, la Fiscalía de Jalisco señaló, sin brindar pruebas “concluyentes”, que la mujer de 35 años pudo haber cometido una autoagresión.
Luis Joaquín Méndez, fiscal del estado, dijo en una rueda de prensa que la institución a su cargo tiene testimonios de que Luz Raquel compró alcohol y un encendedor como el hallado en el parque vecinal en el que fue quemada el sábado 16 de julio. Tres días después, el martes 19, murió a causa de las heridas.
El funcionario, sin embargo, reconoció que estos dichos no representan evidencias “concluyentes” y, cuando fue cuestionado directamente sobre si la fiscalía considera que se trató de una autoagresión, respondió que no y que las autoridades no buscan revictimizar.
“La intención jamás es ni victimizar ni revictimizar ni criminalizar a nadie, ni a Luz Raquel y obviamente a la persona que esté detenida, tiene derechos”, dijo.
🔴Sigue #EnVivo nuestra rueda de prensa encabezada por el Fiscal Estatal, Mtro. Luis Joaquín Méndez Ruiz, en la cual se darán a conocer avances en torno al caso de Luz Raquel.https://t.co/00sWAGBHIz — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) July 26, 2022
A pesar de esta afirmación, el fiscal también señaló en la conferencia de prensa que existían dos carpetas de investigación en contra de Luz Raquel.
Ambas fueron promovidas por la madre y el padre de Sergio Ismael “N”, vecino de Luz Raquel y quien hasta ahora es la única persona detenida con relación a la muerte de la mujer. En meses pasados, ella lo denunció por amenazas.
El fiscal, asimismo, aseguró que en mayo Luz Raquel manipuló las cámaras de videovigilancia instaladas por Sergio Ismael “N” y que, según la madre de este, Luz Raquel fue quien hizo pintas en el edificio donde las dos familias vivían.
El funcionario estatal aseguró que todas las líneas de investigación siguen abiertas. “Que quede claro que no estoy haciendo ninguna conclusión, todas son líneas que se van a agotar”, dijo.
Desde la semana pasada, el caso de Luz Raquel atrae la atención nacional. De acuerdo con los testimonios que ella misma difundió, sus vecinos la amenazaron y llegaron a agredirla porque estaban molestos con los ruidos que hacía su hijo, un niño de 11 años diagnosticado con autismo.
Tras su muerte, amistades suyas y organizaciones civiles han dicho públicamente que ella denunció ser blanco de amenazas de sus vecinos y no fue atendida por las autoridades.
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