Una nueva suspensión contra la construcción del tramo 5 del Tren Maya fue otorgada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán a la Asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), con sede en Cancún, quien fue la encargada de promover un amparo en el que demandan su derecho humano a un ambiente sano.
Es la segunda medida cautelar que otorga un juez y con la quedarán suspendidas cualquier obra o actividad en todo el Tramo 5 del Tren Maya, el cual, va de Cancún a Tulum; sin embargo, el gobierno federal puede impugnar el fallo ante un tribunal colegiado para que resuelva si ratifica, modifica o revoca la resolución de primera instancia.
´´Se concede a DMAS AC la suspensión provisional, para el efecto de que SEDATU, FONATUR y FONATUR Tren Maya, suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del tramo 5 del proyecto Tren Maya, que abarca de Cancún a Tulum, de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material”, se menciona en el escrito.
La asociación civil DMAS resaltó que “sin cenotes, no hay paraíso”, por lo que sostuvieron que “sin procedimiento de impacto ambiental no debe haber obra”.
El amparo fue promovido por dicha organización desde el pasado 27 de abril, donde reclaman la violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que versan sobre el cumplimiento al debido proceso, y el artículo 4 de la Carta Magna sobre el derecho humano a un ambiente sano.
Cabe mencionar que esta organización obtuvo la primera suspensión provisional por parte del mismo impartidor de justicia el pasado 18 de abril.
El 22 de abril, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), responsable de la obra del Tren Maya, presentó un recurso de queja contra la suspensión provisional de las obras.
La demanda de amparo fue presentada por un grupo de buzos, con lo que se pararon los trabajos de construcción del tramo que abarca de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo.
LOS TROPIEZOS DEL TREN MAYA
La construcción del polémico tramo cinco del Tren Maya, la obra emblemática del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha avanzado entre tropiezos por los cambios de la ruta y del encargado del proyecto, las dudas sobre su entrega a tiempo y las denuncias de comunidades.
Preocupado por el retraso de la obra, el mandatario nombró en enero pasado a Javier May, uno de sus hombres de confianza, como titular de Fonatur, organismo público encargado del tren, que debe estar listo en diciembre de 2023.
Esto después de que el antiguo titular, Rogelio Jiménez Pons, admitió en una entrevista con Efe en noviembre pasado que la obra afrontaba “cinco meses de retraso” por recursos legales de pueblos originarios, burocracia e inestabilidad en el terreno.
Además, en octubre pasado Jiménez Pons reconoció ante el Senado que el costo de la obra había crecido en 60,000 millones de pesos (más de 2,900 millones de dólares) hasta los 200,000 millones de pesos (unos 9,730 millones de dólares).
EL TRAMO DE LA DISCORDIA
El presidente López Obrador ha asegurado que el tren “avanza de acuerdo con el programa”, con cinco empresas y el Ejército trabajando en los siete tramos que abarcan los cinco estados del sureste: Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.
Pero un tramo de Quintana Roo, en la turística Playa del Carmen, fue el catalizador de la sacudida en Fonatur, pues el trazo se cambió tres veces y ha generado incertidumbre, según Marcos Antonio López, presidente de la Asociación Civil Vecinos Unidos de Playa del Carmen.
“Estamos preocupados porque se le hizo un gran daño a Playa del Carmen en la cuestión de que el Tren Maya no fue planeado, sino fue un proyecto de escritorio, como el mismo presidente lo dice, de los funcionarios ´fifí´ que no salen del aire acondicionado”, expuso López en entrevista con Efe.
El cambio también causó controversia porque implicó la tala de 22 mil árboles. Mientras el Gobierno tachó este dato de “noticia falsa”, Fonatur afirmó que trasplantó los árboles con apoyo de la Asociación Mexicana de Arboricultura (AMA), pero esta organización respondió que “desconoce del posible destino final del trasplante”.
La principal denuncia es que el proyecto original no contaba con las manifestaciones de impacto ambiental (MIA) obligatorias.
Esto se ha agravado con los cambios repentinos de trazos, un “modus operandi” que Fonatur tiene “cuando ve que no puede pasar por alguna zona o ruta”, según Anguas.
“Esos cambios que suceden de un momento a otro también deben tener un estudio y una evaluación de impacto ambiental que determine cuáles van a ser los daños de ese nuevo trazo”, indicó.
Los Vecinos Unidos de Playa del Carmen han expresado su respaldo al presidente y a la obra “porque eso va a traer muy buen recurso al estado de Quintana Roo”, pero piden que el mandatario vigile la actuación de los funcionarios sobre el terreno.
kach
