Un campamento de migrantes haitianos en Ciudad Acuña (México), el pasado septiembre. Teresa de Miguel
Los Gobiernos de Joe Biden y de Andrés Manuel López Obrador han llegado a un acuerdo para reactivar el programa Quédate en México, un plan impulsado por el expresidente Donald Trump que obliga a los migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos a esperar a que se resuelva su caso al otro lado de la frontera. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha anunciado este jueves que Washington les comunicó que “atenderá todas las preocupaciones de índole humanitaria” del llamado Programa de Protección al Migrante, rodeado de polémica precisamente por su impacto en los derechos humanos de miles de personas.
El presidente mexicano accedió durante el mandato del magnate republicano, cuya política migratoria estuvo marcada por la intransigencia y la mano dura, a aplicar este plan. Biden lo canceló, lo que supuso una decisión llena de simbolismo porque profundizaba su ruptura con la pasada Administración. Sin embargo, una orden judicial le ha obligado a retomarlo. La reactivación llega después de una negociación que, según la Cancillería mexicana, suavizó algunas de las condiciones de esta medida. Entre ellas, destaca que habrá “mayores recursos para albergues y organizaciones internacionales, la protección para grupos vulnerables, la consideración de las condiciones locales de seguridad y de capacidad de los albergues y de atención del Instituto Nacional de Migración, así como la aplicación de medidas contra la covid-19 como revisiones médicas y la disponibilidad de vacunas para las personas migrantes”. En virtud de esa revisión, señalan desde Relaciones Exteriores, “el Gobierno de México ha decidido que, por razones humanitarias y de manera temporal, no retornará a sus países de origen a ciertos migrantes que tengan una cita para aparecer ante un juez migratorio en Estados Unidos para solicitar asilo en ese país”.
El Departamento de Seguridad Nacional ha informado de que el acuerdo incluye el compromiso de que los procedimientos migratorios terminen por lo general en un plazo de seis meses desde regreso a México de un migrante solicitante de asilo a México. La readaptación del programa contempla también nuevas facilidades para acceder y comunicarse con abogados y establece excepciones para personas “particularmente vulnerables”. “El Gobierno de Estados Unidos”, agrega un comunicado, “trabajará en estrecha colaboración con el Gobierno de México para garantizar que haya refugios seguros disponibles para los inscritos en el programa”. Además, las personas afectadas tendrán derecho a un traslado desde y hacia los puestos fronterizos y, mientras esperan, podrán contar con permiso de trabajo, atención médica y otros servicios básicos en México.
El plan entrará en vigor a partir de la próxima semana a raíz de una sentencia de la justicia estadounidense después de que el Tribunal Supremo de ese país ordenara retomarlo. Con todo, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, había afirmado en varias ocasiones que el programa Quédate en México tenía “fallas estructurales” y “impuso costos humanos injustificables”, restó recursos públicos y personal a otras prioridades de Washington y no abordó las causas estructurales de la migración irregular.
Los Gobiernos de Biden y López Obrador trabajan desde hace meses en mejorar la colaboración para paliar el flujo migratorio especialmente en el triángulo norte de Centroamérica. Hace dos semanas, con ocasión de la reunión de líderes de América del Norte celebrada en Washington, la Administración de Biden anunció una nueva iniciativa, bautizada Sembrando Oportunidades, con la que prevé aumentar las inversiones en El Salvador, en Guatemala y en Honduras. En este último país empezará a ensayarse este programa, que, a falta de una mayor concreción, busca beneficiar a medio millón de jóvenes en situación de riesgo.
La declaración conjunta de la cumbre de México, Estados Unidos y Canadá, recordó en conversación con EL PAÍS Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, “incluye abrir más vías legales para la migración como un compromiso de los tres países, profundizar los programas de empleo temporal, como los programas agrícolas, ver hacia qué sectores se pueden extender y, en general, cómo se puede ordenar el flujo migratorio”. Para el Gobierno de López Obrador, “mientras haya una demanda de mano de obra, mientras haya una demanda de las actividades que realizan los migrantes, la disyuntiva es si queremos que esto ocurra de manera desordenada, irregular y peligrosa o queremos que ocurra de manera ordenada, regular”.
Las autoridades mexicanas buscan también una salida para evitar asumir todo el peso de cada crisis migratoria. Tanto en el sur como en el norte, varias ciudades de la frontera se convierten a menudo en cuellos de botella, un limbo con miles de personas varadas a la espera de resolver su situación. La emergencia humanitaria de Haití ha acelerado este fenómeno. Unos 15.000 refugiados del país caribeño se quedaron atrapados en septiembre en un campamento improvisado bajo un puente entre Texas y el Estado mexicano de Coahuila. Estados Unidos optó entonces por las deportaciones en caliente. Las persecuciones a los migrantes a orillas del Río Bravo protagonizadas por los agentes fronterizos montados a caballo dieron la vuelta al mundo y recibieron durísimas críticas de organizaciones en defensa de los derechos humanos. También Biden asumió el error y rechazó esos métodos. Su Gobierno y el de México aseguran ahora que extremarán los cuidados en la atención a las crisis migratorias.
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