Israel aprueba una ley que permite deportar a familiares de acusados de terrorismo
En un movimiento polémico, el parlamento israelí ha aprobado una ley que otorga al gobierno la facultad de deportar a familiares de primera línea de personas condenadas por delitos terroristas, incluyendo a ciudadanos israelíes.
La controvertida medida, propuesta por un miembro del partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu, ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos que la consideran inconstitucional. Algunos miembros de la oposición sugieren que la ley está dirigida específicamente a los ciudadanos palestinos de Israel.
Según la nueva normativa, los familiares podrían ser deportados si se determina que tenían conocimiento previo de los actos terroristas y no los denunciaron, o si expresaron apoyo o simpatía por dichos actos. Los deportados serían enviados a Gaza o a “otro destino determinado según las circunstancias”, y no podrían regresar al país por un período de entre 7 y 20 años.
Analistas políticos señalan que, en la práctica, es “muy improbable” que la ley se aplique a ciudadanos judíos israelíes, ya que el término “terrorismo” suele reservarse para actos de violencia cometidos por palestinos. Esto sugiere que la medida estaría dirigida principalmente a la población árabe-israelí y palestina.
La aprobación de esta ley ha generado un intenso debate sobre los límites de la seguridad nacional y los derechos humanos en Israel. Mientras algunos la defienden como una herramienta necesaria para combatir el terrorismo, otros la consideran una violación inaceptable de los principios democráticos.
¿Dónde se trazará la línea entre la protección de la sociedad y el respeto a las libertades individuales? Esta es la pregunta que Israel deberá enfrentar a medida que implementa esta polémica ley.
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