En un giro inesperado, la Cámara de Diputados ha aprobado una reforma constitucional que devuelve a Pemex y a la CFE el estatus de “empresas públicas del Estado”. Esta medida, que ha sido objeto de intensos debates, tiene como objetivo garantizar que estas compañías estatales tengan preponderancia sobre las empresas privadas en diversas actividades de la industria eléctrica.
La reforma, que ahora pasa al Senado, modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Una de las principales modificaciones es la supresión del párrafo que establecía que el Estado estaría a cargo de la transición energética, utilizando de manera sustentable todas las fuentes de energía disponibles.
“Esta reforma es un intento por fortalecer el papel de las empresas públicas en un sector estratégico para el país”, explica el periodista experto en temas energéticos, Juan Pérez. “Sin embargo, algunos analistas advierten sobre los posibles riesgos de limitar la participación de las empresas privadas en la industria eléctrica”.
A pesar de las preocupaciones, la iniciativa fue aprobada con 350 votos a favor de Morena y sus aliados, frente a 111 votos en contra de la oposición. Ahora, el Senado deberá discutir y votar sobre las posibles modificaciones a la reforma.
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