Bajo el pretexto de combatir la delincuencia, el gobierno ha emprendido una reforma constitucional que otorga amplios poderes a las Fuerzas Armadas, borrando la línea entre tiempos de guerra y paz. Esta medida, lejos de mejorar la eficacia en la lucha contra grupos criminales, representa un peligroso giro hacia la militarización de la sociedad civil.
El artículo 129 de la Constitución, que limitaba el alcance del poder militar, ha sido modificado, permitiendo que el Ejército asuma funciones de vigilancia, investigación y detención de civiles. Esto, sumado a la reforma judicial que prevé jueces adictos al régimen, priva a los ciudadanos del amparo efectivo ante los abusos de las autoridades castrenses.
“No hay precedentes en la historia de México de un otorgamiento tan amplio de facultades constitucionales a las Fuerzas Armadas”, explica el periodista José Carreño Carlón. Incluso los generales triunfadores de la Revolución, en la Constitución de 1917, no lograron tal grado de injerencia militar en la vida pública y privada.
Ahora, el Ejército podrá actuar contra cualquier persona que sospeche haber cometido un delito, sin importar si se trata de un grupo criminal o un ciudadano común. Esto convierte a los soldados en jueces y verdugos, a merced de su propio criterio o de órdenes superiores.
Lejos de ser una medida temporal, esta reforma es permanente y con candados que impiden la formación de una policía civil en el futuro. Así, el gobierno del presidente López Obrador, quien se presentó como un defensor de los ideales liberales, ha traicionado esa promesa al entregar el control de la seguridad a las Fuerzas Armadas.
No hay salida: los mexicanos quedarán a merced de la indulgencia o el resentimiento de jóvenes con fusil, fuero especial y jueces de su lado. Una realidad que los liberales del siglo XIX y los constituyentes de 1917 buscaron evitar, y que ahora se impone con el aval de quienes prometieron un cambio.
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